Desde hace 11 años el Gobierno mantiene en vigencia el Decreto Supremo (DS) 725, de regulación de la exportación de la soya y sus derivados, que obliga a las industrias oleaginosas del oriente a entregar cupos de harina de soya solvente a precios subvencionados a los avicultores y porcinocultores del país. Pero este producto se desvía al mercado negro, generando un millonario negocio. CORREO DEL SUR hizo seguimiento en Santa Cruz a camiones... + Leer noticia completa
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