La medida cautelar que impide la inhabilitación de candidatos que fueron refugiados políticos o asilados se trata de la segunda decisión que asume el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las competencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en tres meses y en la antesala de procesos eleccionarios. La primera se dio el 30 de septiembre, a menos de 20 días de los comicios generales, cuando admitió en parte la Resolución 025/2020... + Leer noticia completa
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