La juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, denunciado como fraudulenta por gran parte de la comunidad internacional, marca un punto de inflexión para Venezuela y América Latina. Este hecho plantea escenarios de alto impacto en la estabilidad política, económica y social del continente.
La permanencia de Maduro en el poder agudiza la polarización ideológica en la región. Mientras gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Bolivia respaldan su mandato bajo una narrativa antiimperialista, otros, como Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, lo denuncian como una dictadura. Brasil y Colombia, aunque en un tono distinto, tampoco aceptan lo sucedido en Venezuela. Estas divisiones obstaculizan la capacidad de América Latina para actuar de manera unida en foros multilaterales, debilitando su influencia global.
El mandato de Maduro también podría revitalizar alianzas como el ALBA o una versión reformada de la UNASUR, diseñadas para desafiar el sistema interamericano liderado por la OEA y respaldado por Estados Unidos. Sin embargo, estas iniciativas pueden profundizar divisiones y generar tensiones adicionales entre los gobiernos de la región.
La crisis humanitaria en Venezuela, caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, además de una inflación elevada y el colapso económico, persiste bajo el régimen de Maduro. Esto continúa impulsando la migración masiva, que ya supera los 7 millones de personas, hacia países vecinos. Este éxodo ejerce presión sobre los sistemas sociales y económicos de naciones receptoras como Colombia, que enfrenta el reto de integrar a millones de migrantes mientras apoya la transición democrática en Caracas. A largo plazo, esta migración podría reconfigurar las demografías y economías de la región, pero también exacerbar el populismo y la xenofobia.
Por otra parte, la permanencia de Maduro refuerza la influencia de potencias externas como China, Rusia e Irán en América Latina. Estos países han brindado apoyo financiero, militar y político al régimen venezolano para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Este apoyo podría consolidar a Venezuela como un punto estratégico en la competencia geopolítica global.
El aislamiento internacional de Venezuela, reflejado en sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países democráticos, agrava la crisis económica. Aunque Maduro intenta sortear estas sanciones mediante acuerdos con aliados, los costos sociales y económicos para el país son enormes. Sin acceso a mercados financieros internacionales ni a tecnología avanzada, Venezuela depende de una producción petrolera en declive y actividades ilegales como el contrabando de oro y el narcotráfico. Este modelo económico insostenible aumenta la pobreza y la desigualdad, generando mayor descontento interno y migración.
El tercer mandato de Maduro presenta tres posibles desenlaces: el régimen podría consolidarse como un estado paria similar a Corea del Norte, dependiendo de aliados externos; la crisis económica y humanitaria podría desatar nuevas protestas, represión y fragmentación social; o la presión internacional, combinada con el desgaste interno, podría facilitar una transición negociada hacia un modelo más inclusivo, aunque sin desmontar completamente las estructuras chavistas.
La continuidad de Maduro profundiza las crisis en Venezuela y tiene implicaciones de largo alcance para toda la región. Su permanencia en el poder no solo mantiene la polarización interna, sino que también impacta la estabilidad y las dinámicas internacionales en América Latina.
