El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que el órgano Ejecutivo cumplió los plazos constitucionales en el envío del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y señaló que sería un “despropósito” que los gobernadores rechacen este instrumento.
“El Gobierno nacional no ha incumplido ningún compromiso asumido con las gobernaciones. Lo hay que entender es que hay plazos constitucionales por los cuales nosotros tenemos que enviar el proyecto de Presupuesto General del Estado 2025, en plazos tácitos, y que no podemos obviar”, afirmó.
En esa línea, explicó que la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se llevó a cabo el 28 de octubre y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas envió el PGE 2025 la mañana de esa fecha a su par de la Presidencia para que sea remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Fue así que el proyecto del PGE 2025 fue remitido, mediante una carta, a la ALP el 30 de octubre.
“Y, de acuerdo a los pasos constitucionales, si bien se ha esbozado una idea, un proyecto de artículo que señaló el gobernador de Tarija (Óscar Montes), entenderán que cualquier artículo que tenga que ser incorporado en el Presupuesto merece su debido análisis técnico, legal, las implicancias, más aún si van a afectar recursos o beneficiarios. Por lo tanto, el margen y el plazo para haber analizado esto, era reducido, de tal manera que no se ha incorporado por los plazos”, explicó.
El 1 de noviembre se hizo conocer al gobernador de Tarija que el artículo previsto, “si bien era verbal”, debía ser sustentado de manera técnico y legal; sin embargo, dos artículos que benefician a las gobernaciones están en el PGE.
“Entonces sería un despropósito que ellos (los gobernadores) rechacen el Presupuesto General del Estado porque están dos artículos que ellos han propuesto y los hemos incluido, porque ha habido el tiempo necesario, el análisis técnico legal que tiene que tener el Presupuesto, no podemos mandar cualquier inclusión de cualquier artículo, sin que haya un análisis técnico legal, es una irresponsabilidad”, sostuvo.
“Nosotros hemos tenido que cumplir los plazos constitucionales y así lo hacemos”, enfatizó.
La autoridad apuntó que si los gobernadores rechazan el PGE 2025, no aceptan el presupuesto con el que van a funcionar, y los dos artículos importantes que benefician al funcionamiento de su parte ejecutiva.
“Por lo tanto, queda claro que el Gobierno nacional no ha incumplido, ha hecho los mejores esfuerzos, pero los márgenes constitucionales de plazos y tiempos no lo han permitido”, enfatizó Montenegro.
GOBERNACIóN INSISTE
EN QUE SE CUMPLAN
LOS ACUERDOS
Por su parte, la Gobernación cruceña reiteró sus observaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que fue proyectado por el Ministerio de Economía y le pide al Gobierno central cumplir su compromiso de liberar a las gobernaciones de las competencias del Gobierno central. Además, señala que las gobiernos departamentales también deben beneficiarse con los bonos de carbono, para atender las necesidades de la población.
“Consideramos que el Ministerio de Economía debería cumplir su compromiso y enmendar esta falla en esta Ley PGE 2025, donde no se libera a las gobernaciones de estos gastos obligatorios que no son competencia departamental y que están cargando a nuestro magro presupuesto y que imposibilitan atender competencias departamentales”, manifestó Luis Fernando Roca, asesor general de la Gobernación.
Roca puntualizó que los gastos que no le corresponden a la Gobernación, pero que los paga son los títulos de bachiller que otorga el Ministerio de Educación, los prediarios que se entregan a los privados de libertad para su alimentación, los costos en los ítems de salud y el bono de educación a los médicos del Gobierno central.
Además proponen que la modificación de un decreto supremo para que las gobernaciones y alcaldías se beneficien de los bonos de carbono.
