La reciente validación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Sentencia Constitucional 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) coloca, nuevamente, las cosas en su verdadera dimensión.
Este fallo no solo reafirma los principios democráticos fundamentales, sino que también tiene implicaciones directas para el futuro político del expresidente Evo Morales.
La decisión del TCP, ahora respaldada por la CIDH, deja en claro que "no existe derecho absoluto a la postulación indefinida". Esta declaración, fundamentada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, cierra definitivamente la puerta a las aspiraciones de Morales de buscar una nueva candidatura presidencial.
El fallo es contundente: la reelección está limitada a un solo periodo adicional, como lo establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.
Para el exgobernante —quien ya ha cumplido múltiples mandatos, incluyendo el controvertido periodo posterior a 2016— significa que su tiempo en la presidencia ha llegado a su fin constitucional.
La validación de la CIDH añade un peso internacional colosal a esta decisión. Al reconocer que el TCP "revisó su posición sobre el derecho a la reelección indefinida", la Comisión efectivamente cierra el debate sobre la legalidad de las aspiraciones de Evo Morales.
Este respaldo internacional dificulta cualquier intento de cuestionar o eludir la decisión a nivel nacional.
La búsqueda de la reelección indefinida por parte del ahora dirigente cocalero ha sido una fuente constante de tensión política en el país.
La crisis de 2019, que culminó con su renuncia y su huida a México en medio de acusaciones de fraude electoral, fue en gran parte el resultado de su insistencia en permanecer en el poder más allá de los límites constitucionales.
Ahora, con este fallo, se establece un precedente claro que fortalece la democracia boliviana.
La alternancia en el poder, un principio fundamental de los sistemas democráticos, queda asegurada. Esto no solo afecta a Evo Morales, sino que establece un estándar para todos los futuros líderes políticos del país.
Para Evo Morales, el fallo de la CIDH representa un obstáculo insuperable en su ambición de retornar a la presidencia. Sus recientes movimientos políticos, incluyendo marchas y amenazas de bloqueos, ahora parecen no solo imprudentes sino también legalmente insostenibles.
El expresidente se enfrenta a la realidad de que su era como líder máximo de Bolivia ha llegado a su fin constitucional.
Ahora, este fallo plantea desafíos para el Movimiento al Socialismo. La organización debe contemplar seriamente un futuro sin su figura emblemática como candidato presidencial. Esto debe llevar a una necesaria renovación de liderazgo.
La validación de la CIDH al fallo del TCP no es solo un triunfo para la institucionalidad democrática, sino también un punto de inflexión en la carrera política del expresidente y que marca el fin de una era de ambigüedad legal sobre la reelección presidencial.
Para Morales, representa el cierre definitivo de su capítulo como candidato presidencial, que lo obliga a redefinir su rol en la política nacional.
La Paz/AEP
