En 2001, Argentina vivió uno de los
momentos más oscuros de su historia económica: el corralito bancario. Esta
medida, que limitó el acceso de los ciudadanos a sus propios ahorros, desató
una crisis que dejó cicatrices profundas en la sociedad y la economía
argentina. Hoy, a más de dos décadas de esa catástrofe, Bolivia parece estar
siguiendo un camino similar, donde una serie de restricciones bancarias
avaladas por las autoridades estatales, está generando un corralito de facto
que amenaza con provocar un desastre de grandes proporciones.
En los últimos meses, los bolivianos han
visto cómo se van estrechando cada vez más las posibilidades de acceder a sus
propios fondos. Bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), los bancos han implementado restricciones severas que
afectan principalmente a aquellos ciudadanos que residen temporalmente en el
extranjero. Estas medidas, que limitan el uso de tarjetas de crédito y débito,
no solo atentan contra los derechos básicos de los usuarios, sino que también
representan una violación al principio del libre flujo de capitales.
Uno de los ejemplos más claros de estas
restricciones es la reducción periódica de los límites de retiros y pagos con
tarjetas. Lo que antes era un procedimiento estable y confiable, ahora se ha
convertido en una práctica que genera incertidumbre y angustia. Mensualmente, e
incluso en algunos casos quincenalmente, los bancos ajustan a la baja estos
límites, haciendo que tareas tan cotidianas como comprar comida o medicinas en
el exterior se vuelvan prácticamente imposibles. Esta situación se agrava aún
más cuando las personas afectadas se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, como aquellos que están en el extranjero por razones de salud.
Las restricciones impuestas han llegado
al punto de limitar a 50 dólares semanales el uso de las tarjetas, una cantidad
que resulta insultantemente baja para cubrir las necesidades básicas en
cualquier país fuera de Bolivia. Para quienes han confiado sus ahorros al
sistema bancario boliviano, esta medida no solo es injusta, sino que también
representa una grave violación a su derecho fundamental de disponer libremente
de su propio dinero. La situación se torna aún más alarmante cuando se
considera que estos límites afectan de manera desproporcionada a aquellos en
situación de vulnerabilidad, como estudiantes y enfermos en el extranjero,
cuyos gastos superan con creces estos montos.
En lugar de proteger los derechos de los
consumidores financieros, la autoridad supervisora parece más interesada en
justificar las restricciones. En este contexto, resulta indignante que se
aplauda un sistema que, en lugar de facilitar la vida de los ciudadanos, los
condena a una situación de precariedad y desamparo.
El corralito de facto que se está
aplicando en Bolivia recuerda de manera inquietante a lo ocurrido en Argentina
en 2001. En ambos casos, la falta de acceso a los ahorros de los ciudadanos, la
incertidumbre económica y la falta de acción efectiva por parte de las
autoridades se combinan para crear una tormenta perfecta. La historia nos ha
enseñado que las restricciones bancarias de este tipo no solo afectan a las
economías individuales, sino que también pueden desencadenar crisis económicas
y sociales de gran envergadura.
Bolivia, un país que en el pasado reciente ha visto cómo se han deteriorado sus instituciones económicas y financieras, no puede permitirse caer en la misma trampa que Argentina hace más de dos décadas. Se deben tomar medidas inmediatas para revertir esta tendencia y garantizar que los derechos de los consumidores financieros sean respetados. De lo contrario, el país corre el riesgo de enfrentarse a un desastre económico que podría tener consecuencias devastadoras para su población.
