César Siles negó que haya un daño económico al Estado, pero remarcó que se realizarán las auditorías correspondientes para verificar si el país necesitaba abogados externos
“Son $us 16 millones que se han pagado en estos 10 arbitrajes hasta ahora”, manifestó el funcionario
Fuente: Unitel
El procurador general del Estado, César Siles, manifestó que Bolivia pagó $us 16 millones a bufetes extranjeros contratados para defender al Estado en 10 arbitrajes y la labor en la Subprocuraduría de Asesoramiento e Investigación y Producción Normativa fue nula.
“Son $us 16 millones que se han pagado en estos 10 arbitrajes hasta ahora”, manifestó el funcionario al expresar que cinco de estos son arbitrajes de inversiones y los otros cinco son comerciales.
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Anteriormente, Siles manifestó que la nueva administración de la Procuraduría tiene como meta “bolivianizar” la defensa de los intereses del Estado, remarcando que se debe tratar que estos arbitrajes sean atendidos y patrocinados por abogados locales, servidores públicos de la Procuraduría y no por abogados extranjeros.
Sin embargo, negó que exista un daño económico al Estado relacionado a estas contrataciones: “No puedo decir, como quieren que diga, que es un daño económico al Estado, porque no lo es. Los abogados han trabajado, han realizado sus informes, han hecho la defensa del Estado bien o mal y tendrán que hacerse las auditorías que correspondan”.
En este sentido, se debe abordar la pertinencia de las contrataciones y verificar los servicios y productos que ofrecen estos bufetes. También hay que revisar sus informes y ver si ha cumplido con los resultados. Se prevé tener resultados en tres meses.
Además, el procurador precisó que todavía compromisos de pago pendientes que en algunos casos no se van a realizar porque se van a resolver algunos de los contratos y, por el principio de confidencialidad, no se pueden sacar a relucir más detalles.
Trabajo interinstitucional
Por otro lado, lado el procurador informó que sostuvo una reunión con las cabezas de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo con miras a fortalecer la coordinación interinstitucional.
En este sentido, se prevé promover y fortalecer programas de capacitación y oferta académica para la especialización del talento humano y así potenciar el cumplimiento de los mandatos y roles normativos de estas instituciones.
“También se declaró que vamos a compartir e intercambiar información sobre procesos administrativos y judiciales que tiene cada entidad con el objetivo de desarrollar un sistema conjunto e interoperable entre las cuatro entidades, según sus funciones y en los límites de la reserva y confidencialidad correspondiente a cada institución”, expresó Siles.