Tramo Buena Vista – Las Cruces
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, le advirtió ayer domingo a la Gobernación de Santa Cruz, que si no se ratifica el convenio intergubernativo para construir la carretera Buena Vista – Las Cruces, el crédito para este proyecto está en “grave riesgo”.
“La Gobernación ya ha puesto en grave riesgo el crédito, cuidado que el día de mañana el financiador diga: ‘bueno como no se ponen de acuerdo con esto, no los llevamos los recursos económicos’. Y quedamos sin nada; entonces, tienen que pensarlo muy bien los asambleístas de Creemos del departamento de Santa Cruz y de una vez firmen, ratifiquen este convenio que ya ha firmado el gobernador (Fernando Camacho)”, dijo el ministro en contacto con Bolivia Tv.
La autoridad señaló que, tras dos años y medio de insistencia con este proyecto carretero, Camacho firmó el convenio intergubernativo, pero funcionarios de la Gobernación “inventan problemas”, como de que el proyecto carretero, afectaría al medio ambiente.
Además, legisladores de oposición salieron en pasados días con que se estaría loteando sectores y que esa sería la causa por la cual el Gobierno nacional impulsa la construcción de esa carretera en la región cruceña.
Ante ello, el viernes se convocó a una reunión para ver la viabilidad de la construcción de la carretera y responder esas declaraciones; sin embargo, los funcionarios de la Gobernación cruceña abandonaron la cita.
Por ello, el ministro Montaño se quedó en Santa Cruz a esperar a los funcionarios cruceños para resolver esta situación, pero hasta el mediodía de ayer domingo no recibió la llamada de ninguno.
Dijo que la viabilidad del proyecto carretero es responsabilidad de la Gobernación cruceña, el Gobierno nacional agotó todas las acciones administrativas y técnicas posibles y demostró que las acusaciones de asambleístas opositores “son falsas, mentirosas y engañosas” al respecto.
Indicó que ese convenio establece que para construir la carretera Buena Vista – Las Cruces, la Gobernación de Santa Cruz pone $us 70 millones (30%) y el Gobierno nacional $us 142 millones (70%), lo que hace la suma de $us 212 millones que demanda el proyecto.
