Reforma judicial. La adhesión a la propuesta de los juristas independientes de Bolivia no se estanca y en dos semanas la recolección de firmas supera las 200 mil.
Juan del Granado, miembro de los juristas independientes, en conferencia de prensa. | APG
Pese a que el Gobierno y organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizan por lo menos una media docena de argumentos para descalificar la propuesta de reforma judicial vía referendo, la adhesión a la propuesta de los juristas independientes no se estanca y en dos semanas la recolección de firmas supera las 200 mil. Los legistas independientes consideran que “les echan basuritas”, pero que la tarea no se detiene.
Tras advertir la respuesta ciudadana a la gran cruzada por la reforma del sistema judicial para el cambio en el proceso de elección de las altas autoridades de la justicia, desde los cuatro órganos del Estado surgieron cuestionamientos a esta iniciativa ciudadana, aspecto que no afectó a la afluencia de personas para sumarse a este proceso.
“Esto significa 200 mil firmas, una suma significativa, una cantidad significativa. Además de esto, tenemos el sistema móvil, no solamente puntos fijos sino voluntarios que están recorriendo barrios, condominios, edificios, urbanizaciones, el área rural y estimamos que hemos sobrepasado estas 200 mil firmas con este tipo de metodología”, aseguró Juan del Granado, miembro de los juristas independientes.
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Descalificaciones
Desde el Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso el Electoral, además de organizaciones sociales afines al MAS, emitieron una serie de criterios para descalificar la iniciativa ciudadana.
Calificaron de desfasada la tarea, que es un atentado a los pueblos originarios, venta de ilusiones, que se requiere de una Asamblea Constituyente, que no es suficiente mejorar la designación de las autoridades, que es impulsada por políticos disfrazados, que por detrás está la élite cruceña, que se busca un golpe judicial, entre otras tantas suposiciones.
“Hay una extraña coincidencia que hay que destacar, de ambas veredas del espectro político nacional nos ‘están echando basurita’. Unos dicen que estamos abriendo la Constitución para favorecer al MAS y algunos amigos del MAS nos están diciendo que estamos haciendo un golpe judicial. Bueno, ni lo uno ni lo otro, esta es una acción democrática ciudadana”, sostuvo Del Granado.
Ante esta “contracampaña”, agregó que “no hablen de memoria, no hablen por consigna, esa es la primera recomendación. Una vez leída la propuesta, que se acerquen a firmar los libros, esto no tiene ningún color partidario, los invito a los dirigentes y militantes del MAS a conocer la propuesta y a firmar los libros porque también se van a favorecer con una nueva justicia cuando dejen de ser Gobierno”.
En tanto, en el Legislativo se apresuran para aprobar un reglamento y la convocatoria para la preselección de postulantes a magistrados al Órgano Judicial.
Sugieren un cambio total
El ministro de Justicia, Iván Lima, que tras llegar a ejercer el cargo ofertó una reforma constitucional para mejorar el sistema judicial, señala que la propuesta de los juristas tiene que realizarse en una reforma total y no parcial como se propone. “Lo que se analizó es que la mayor parte de las preguntas de los supuestos Juristas independientes constituyen materia de una reforma total y, por lo tanto, sólo se podrían concretar mediante una Asamblea Constituyente”, escribe en su cuenta de Twitter.
Una marcha ciudadana exigirá reforma judicial
Ante la descalificación de la iniciativa ciudadana para reformar la justicia y la clara intención de postergar una nueva metodología en 2029, representantes de Creemos afirman que esto demuestra que el sistema judicial “está totalmente podrido y al servicio del Gobierno de Luis Arce Catacora”, por lo que, ante esta nueva intención del gobernante, el país tendrá que movilizarse.
“Es importante que la población sepa que Arce Catacora y su ministro (de Justicia Iván) Lima impulsaban una reforma judicial porque el dominio lo tenía Evo Morales, ahora no les interesa esa reforma judicial porque lo han cooptado todo (…) por eso es que están hablando de una reforma para 2029 y no para esta gestión”, advirtió el diputado Walthy Egüez.
Alertó que las determinaciones del cabildo nacional y del Comité Cívico Pro Santa Cruz, tiene el mandato de la población de hacer cumplir la voluntad del pueblo, de lo contrario “se tendría que llamar a movilización si no van a querer dar paso a la reforma judicial que quiere Bolivia”.