Contingentes policiales, acompañados de funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Fiscalía realizaron ayer, en Santa Cruz y Cochabamba, operativos contra avasalladores asentados de forma ilegal en cinco propiedades. Se tiene un reporte preliminar de seis haciendas liberadas de estos grupos, la incursión dejó un saldo de 19 personas aprehendidas y decenas de familias desalojadas.
“En abril y mayo se notificó a varias familias que se asentaron de forma ilegal en un espacio de 58 hectáreas, en la hacienda Canelas, en el municipio de Arbieto (en Cochabamba). Como ya había un aviso previo, hoy (ayer), junto a la policía se procedió al desalojo de 78 familias. El INRA reconoce el derecho propietario de esas tierras a la familia Canelas”, informó a Página Siete el director departamental del INRA en Cochabamba, Armando Mita.
El reporte preliminar señala que siete personas fueron arrestadas por resistirse al desalojo. Los mismos serán liberados en las siguientes horas debido a que se tratarían de personas de la tercera edad.
En contacto con este medio, Luz Marina Canelas, una de las seis propietarias de la hacienda, que está a nombre de los hermanos, afirmó que los avasallamientos provocaron serios daños a la propiedad de producción agraria. Sostuvo que en lo que va del año 31 vacas lecheras de razas cotizadas murieron por la falta de forraje.
Contingentes policiales, acompañados de funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Fiscalía, realizaron ayer en Santa Cruz y Cochabamba operativos contra avasalladores asentados de forma ilegal en seis propiedades. Se tiene un reporte preliminar de seis haciendas liberadas de estos grupos, la incursión dejó un saldo de 19 personas aprehendidas y decenas de familias desalojadas.
“En abril y mayo se notificó a varias familias que se asentaron de forma ilegal en un espacio de 58 hectáreas en la hacienda Canelas, en el municipio de Arbieto (Cochabamba). Como ya había un aviso previo, hoy (ayer), junto a la Policía se procedió al desalojo de 78 familias. El INRA reconoce el derecho propietario de esas tierras a la familia Canelas”, informó a Página Siete el director departamental del INRA en Cochabamba, Armando Mita.
El reporte preliminar señala que siete personas fueron arrestadas por resistirse al desalojo. Las mismas serán liberadas en las siguientes horas debido a que se trataría de personas de la tercera edad.
En contacto con este medio, Luz Marina Canelas, una de las seis propietarias de la hacienda, que está a nombre de los hermanos Canelas, afirmó que los avasallamientos provocaron serios daños a la propiedad de producción agraria. Sostuvo que en lo que va del año 31 vacas lecheras de razas cotizadas murieron por la falta de forraje.
Tras el desalojo, parte del contingente de 400 policías que llegó al lugar se quedó en campamentos, para resguardar la zona ante las amenazas de una posible retoma por parte de los avasalladores.
“Este es un terrible problema para el sector lechero, el siguiente año podría generarse una crisis alimentaria”, agregó Canelas.
Santa Cruz
En otro operativo, realizado en el municipio de Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz, se intervinieron predios en la zona denominada Las Tojas, donde cinco propiedades se encontraban avasalladas. En la incursión, un contingente de 100 policías procedió al arresto de 12 personas, que se encontraban viviendo en carpas que fueron instaladas dentro de esas propiedades.
Grecia Yucra, una de las personas que es parte de una “Asociación de víctimas de avasallamientos” contó a Página Siete que la Policía les informó que intervendrían 17 propiedades afectadas y que ayer ya se logró desalojar a más de 30 familias. No obstante, en ese municipio hay unas 60 denuncias.
En este operativo hubo resistencia por parte de las personas de la comunidad asentada Santa Rosa de Lima III. Según sus representantes, entre los detenidos había miembros de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Gwarayu, quienes supuestamente viven en la zona más de 15 años y que la principal actividad de las familias es la ganadería y siembra de algunos alimentos.
El fiscal Ricardo Cayalo reportó que luego del operativo de desalojo, cuando los policías retornaban a Santa Cruz, fueron cercados por unos 50 avasalladores que exigían la liberación de sus compañeros. Se impidió el paso del contingente policial con árboles que talaron sobre el camino y en el lapso que duró el asedio se registraron disparos.
El hecho no pasó a mayores, pero se tomó la determinación de trasladar a los 12 detenidos hasta Santa Cruz, donde serán procesados. “(Son) personas que estaban en flagrancia cometiendo los delitos de avasallamiento e incendio, destrucción y deterioro de bienes del Estado”, explicó el fiscal.
Según el testimonio de algunos dirigentes, los comunarios fueron sacados de sus hogares con engaños y se los llevaron detenidos, pese a que varios de ellos mostraron recibos y otros documentos de una supuesta adquisición legal de los terrenos. Afirmaron que pagaron entre 2.000 y 3.000 dólares.
Los dirigentes de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Gwarayu (Copnag) también mostraron una personería jurídica y documentos que supuestamente certifican que la comunidad está asentada “legal y legítimamente” desde hace 10 años. Rechazaron cualquier vínculo con los grupos de avasalladores que tomaron varias propiedades en la zona.
Por su lado, al margen del grupo de comunarios de esa TCO, Yucra manifestó que hay varias denuncias contra los grupos de avasalladores que ingresaron al lugar hace tres meses. Manifestó que existen cuatro personas identificadas como cabecillas de esos grupos y que estos operarían de la misma forma en varios municipios.
“Ellos siempre dicen que tienen respaldo de las autoridades, no sabemos si son del MAS, pero dicen tener protección y que nadie los puede detener. Son personas muy violentas”, señaló Yucra.
En el operativo, la Policía halló dos rifles, machetes y gran cantidad de herramientas./P7
