Legisladores pedirán un informe escrito al ministro Edwin Characayo por infringir la Ley 906. El dirigente Armin Lluta anunció el inicio de un bloqueo de caminos.
Carlos Quisbert / La Paz
El Gobierno dio un nuevo golpe a la organización de los cocaleros de los Yungas opositores al MAS. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizó el “traslado” del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adpecoca) de la zona Villa Fátima a Kalajahuira (sede administrada por sus afines), lo que se ejecutó ayer.
El presidente de Adepcoca, Armin Lluta, rechazó la apertura del nuevo mercado y descalificó a la militante del MAS, Elena Flores, quien encabeza la dirigencia paralela favorecida por la decisión gubernamental. Anunció la presentación de una denuncia penal por violación de la Ley General de la Coca 906 que, según el dirigente, reconoce como único mercado de coca el inmueble ubicado en la calle Arapata de Villa Fátima, administrado por su sector.
La resolución 068, del 25 de febrero, firmada por el ministro de Desarrollo y Tierras, Edwin Characayo, autoriza “el traslado del mercado de hoja de coca a los ambientes del Sindicato Mixto de Transporte Señor de Mayo, ubicado en la avenid Ramiro Castillo Nº 100 de la zona Kalajahuira, de la ciudad de La Paz, que reúne las condiciones básicas y favorables para su funcionamiento”.
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“A partir de las cero horas de hoy (por ayer) está funcionando aquí, en la sede del Sindicato Señor de Mayo, Adepcoca. Quiero aclarar a los hermanos de los Yungas no hay dos o tres mercados, el único mercado legítimo es donde está Elena Flores”, afirmó Flores al inaugurar la nueva sede del mercado.
Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) condenaron la “intromisión” del Gobierno en conflictos de organizaciones sociales e instituciones privadas. “El MAS hace mal en entrometerse en la elección de sus dirigentes, Elena Flores es su militante y crean división. No es la primera vez que el Gobierno crea división y organiza dirigencias paralelas, lo ha hecho antes con otras organizaciones campesinas”, cuestionó la diputada Toribia Lero, presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, en la que funciona el Comité de Coca.
A su turno, el diputado Saúl Lara anunció medidas legales y afirmó que la resolución 068 viola la Ley 906. “Primero, es una intervención netamente política del MAS (…) La resolución (firmada por Characayo) atenta y viola la Ley General de la Coca, que es explícita y señala que el único mercado legal para la comercialización de la hoja de coca es el de Adepcoca, en Villa Fátima”, sostuvo el miembro del Comité de Lucha Contra el Narcotráfico.
Lluta a sostuvo que se presentó una queja administrativa ante el ministerio y anunció que de no ser escuchado su pedido presentará una demanda penal por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. “En las diferentes asambleas de Adepcoca ya se confirmó de que si se daba el traslado, se iniciaría un bloqueo de caminos. Estamos en reunión y vamos a definir cuándo iniciaría”, anuncio a Página Siete.
Este medio llamó varias veces al viceministro de Coca, Rolando Canceno, pero no atendió. Por su parte, Flores anunció que el mercado que ella dirigirá tendrá resguardo policial y dijo que se coordina el control de la producción de coca con funcionarios de Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digecoin). Anunció la anulación de carnets de productores que no hayan sido emitidos por su dirigencia. “También será estricto el control de nuestro carnet de productor, desde esta noche se estarían perforando los que son emitidos en La Rinconada, el único carnet válido y legítimo es el de Elena Flores”, señaló la dirigente.
Además, aseveró que luego de que el MAS “arrasó” en la votación en las elecciones subnacionales en los Yungas, su cargo goza de más legitimidad.