La mamá de Camila trata de mantenerla al margen, pero sabe que el tiempo corre en contra de los derechos y la salud de su hija. Interrumpir el tratamiento en curso que le permite expresar su identidad de género es un riesgo para su salud y puede tener consecuencias irreversibles. Lo dijo en una carta pública la Sociedad Argentina de Pediatría apenas publicado en el Boletín Oficial el DNU 62/2025 que Javier Milei firmó en febrero ordenando que se prohíban esos tratamientos a adolescentes, sin escuchar argumentos médicos ni legales, sólo tomando revancha frente a la Marcha Antifascista Antirracista Lgbtiq+ que se organizó en repudio a su discurso de odio en Davos.
Camila es una adolescente trans, le gusta ir a la cancha con su familia, es buena alumna y toca la batería en una banda que armó con sus amigos y amigas. No tiene por qué estar pendiente del hilo de las dilaciones legales o administrativas que no la dejan seguir adelante con su tratamiento. Por eso su mamá la preserva y acomoda su bronca mientras va de un lado al otro para que se garanticen los derechos de su hija.
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El 15 de marzo pasado la jueza de la Ciudad, Elena Liberatori, respondió afirmativamente al amparo presentado por la Federación Argentina Lgbt+ y ordenó: “al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice integralmente, por intermedio de los efectores del sector público de la Salud (Hospitales, Centros de Salud Mental, CESACS, etc.), la continuidad de los tratamientos hormonales en ejecución antes del dictado del DNU 62/2025 y el acceso a los nuevos tratamientos posteriores a dicha norma.” El fallo tiene ochenta y dos páginas y recorre todos los aspectos que incumple el DNU: en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en relación a las autonomías federales en cuestiones de salud, también en sus aspectos formales. Pero, el cumplimiento del amparo tiene peros.
Rosario, la mamá de Cami, la acompañó el martes 25 de marzo a su revisión de rutina y a buscar las órdenes necesarias para retirar los medicamentos que cubre la obra social Unión Personal. El viernes 28, UP le envió a través de su página la negativa a cumplir con esas recetas citando el DNU. Rosario se presentó personalmente con una copia de la resolución de Liberatori y le dijeron que desconocían el amparo, que tenía que ir acompañada por “un abogado de la entidad que lo presentó” para que lo tengan en cuenta. ¿Si es un amparo colectivo, por qué cada persona debería ir con el mismo abogado o abogada a reclamar lo que ya fue garantizado?
Camila es un nombre de fantasía, puesto para preservar la identidad de esta adolescente que había presentado, en nombre propio y con el patrocinio jurídico del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, un amparo contra el DNU 62/2025 en el ámbito de la Justicia Federal por considerarlo inconstitucional. Esta medida cautelar -que como toda medida cautelar tiene que responderse de manera urgente- fue presentada el 18 de febrero. Sin embargo, todavía no fue analizada por ningún juez, está rebotando entre el fuero contencioso administrativo, el civil y comercial, la Cámara en lo contencioso administrativo y todavía se está esperando que finalmente llegue al Juzgado Federal Civil y Comercial de Marcelo Gota, a donde lo derivó la Cámara. Otros tres adolescentes están en la misma espera que Cami, deseando que el DNU sea declarado nulo y por fin pueda abarcar al conjunto de adolescentes que están en la misma situación. Mientras quienes cargan con la angustia de los trámites, las negativas y opacidades de la justicia son elles y sus familias.
Ni aquí ni allá
“Estimada… buen día!!, le quería comentar que estuvimos conversando sobre su situación y de acuerdo a nuestros asesores y a lo que entendemos, la cautelar cubre a C. para recibir el tratamiento solicitado y dado que tiene OS la misma debe proporcionar ese tratamiento…”, el mail de la doctora de Cami, que la atiende hace dos años y en quien ella confía, sigue con la sugerencia de tomar acciones legales para que la obra social cumpla pero no se compromete a brindar el tratamiento en donde lo venía recibiendo, el Hospital Durand, como claramente ordena la resolución de Liberatori.
Esa respuesta llegó diez días después de la consulta para que Camila reciba el bloqueador puberal. Es curioso, dado que la Ciudad de Buenos Aires, a través de su ministro de Salud, Fernán Quirós firmó -junto con el resto de las provincias presentes- la resolución del Consejo Federal de Salud, en su reunión ordinaria del 17 de febrero, en la que se interpreta que el DNU no tiene alcance para interrumpir los tratamientos hormonales en curso en menores de 18 años.
Esa resolución, sobre la cual la organización Orgullo y Lucha que acompaña a les cuatro adolescentes que se presentaron a la Justicia Federal ha realizado un pedido de información pública, no fue publicada formalmente. Sin embargo ¿por qué se complican sus efectos concretos? ¿El problema será quién paga los tratamientos, si la salud pública o las obras sociales?
“… En mis colegios (primario y secundario) siempre me trataron por mi nombre y nunca desconocieron mis pronombres. Yo sabía de los cambios que podían llegar a provocar las hormonas pero los acepté para poder desarrollar mi plan de vida y sentirme feliz. Mi mamá me ayudó y acompañó en este proceso y agradezco mucho por eso”, dice un tramo de la presentación de Camila en la Justicia Federal. El inhibidor puberal debería haberlo recibido hace ya una semana. “Yo sé que tenemos tiempo todavía, las cosas no son tan exactas, pero es angustiante porque vas de un lado a otro, además hay que trabajar y como docente no tengo ni un minuto en las mañanas”, dice Rosario.
El DNU 62/2025, se firmó sin más necesidad y urgencia que la ideología transfóbica del presidente quien después de haber dicho que se lo había interpretado mal a su discurso en Davos volvió a reivindicarlo el jueves, mientras estaba en Estados Unidos, citando una nota del New York Times en la que se habla su relación con Donald Trump en términos más bien irónicos: no tiene relevancia comercial ni regional, pero es aliado en la batallar cultural. “Lo quiero porque me quiere”, cita el NYT a Trump. “El detector de imbéciles explota cuando aparecen los opinadores que critican mis discursos en Davos”, escribió Milei en X.
Cami prefiere escuchar hardcore antes que estar atenta a lo que dice o tuitea el presidente, porque cuando lo hace le dan ganas de “sellarle la boca”. Por ahora Rosario confía en que antes de que la adolescente empiece a angustiarse por los tiempos de su tratamiento se lo provean acorde al amparo existente. Y que en el mejor de los casos sea declarado nulo en la Justicia Federal, donde se presentó su hija, y su alcance sea para cualquier adolescente en cualquier rincón del país. Ojalá la Justicia abandone la inercia que exhibió durante el gobierno libertario y lea las palabras que Cami dedicó en su escrito para ellos: “Deseo que no se vulneren mis derechos y que mi voz pueda ser escuchada”.
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