La cantidad de casos de delitos contra la integridad sexual de estudiantes en los que están implicados docentes ha generado una creciente alarma en la comunidad educativa y en la sociedad en general. Con frecuencia, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta informan sobre detenciones, imputaciones y condenas de profesores y maestros acusados de grooming y abuso sexual.
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La cantidad de casos de delitos contra la integridad sexual de estudiantes en los que están implicados docentes ha generado una creciente alarma en la comunidad educativa y en la sociedad en general. Con frecuencia, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta informan sobre detenciones, imputaciones y condenas de profesores y maestros acusados de grooming y abuso sexual.
El grooming es el delito que más se ha detectado en el último tiempo en el ámbito escolar. Consiste en la acción por la cual un adulto contacta a un niño o adolescente mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, con la finalidad de vulnerar su integridad sexual. Este tipo de delito se ha vuelto más frecuente con la proliferación del acceso a internet y el uso masivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes.
Además de los casos de grooming, también se registran con frecuencia condenas por abuso sexual simple o abuso sexual con acceso carnal, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los estudiantes y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención y control dentro del sistema educativo.
En las últimas semanas, se han conocido múltiples condenas contra docentes en distintos puntos de la provincia de Salta.
Uno de los casos más recientes ocurrió el viernes pasado, cuando un docente de 32 años fue condenado en un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de grooming en perjuicio de varias adolescentes. Había sido detenido en diciembre de 2024 en la ciudad de General Güemes, luego de que el padre de una menor de 13 años descubriera en el celular de su hija un intercambio de mensajes a través de Instagram con una supuesta menor de edad y, posteriormente, con quien afirmaba ser su padre.
Este último perfil utilizó un lenguaje sexual explícito, indagando sobre cuestiones íntimas de la menor e intentando concretar un encuentro con ella. A partir del análisis de la evidencia digital secuestrada, se determinó que el acusado había desplegado una conducta similar con otras menores, tanto en Salta como en otras provincias. Debido a esto, se amplió la imputación inicial.
El caso fue llevado adelante por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 7 del Distrito Centro en una audiencia flexible y multipropósito. Tras la confesión del acusado y con la conformidad de las partes, el juez Pablo Zerdán le impuso la pena, además del cumplimiento de reglas de conducta estrictas, entre ellas la prohibición de cualquier tipo de contacto con las víctimas y su registro en el Banco de Datos Genéticos.
Otro caso se conoció el miércoles pasado, cuando un docente de 31 años fue condenado en un juicio abreviado a la pena de un año y seis meses de prisión condicional como autor del delito de grooming. Este hombre había sido denunciado por el padre de una adolescente de 16 años, quien descubrió que su hija había sido contactada por un profesor de taller del establecimiento educativo al que concurría. En los mensajes, el docente le ofrecía mejorar su calificación a cambio de un encuentro íntimo y, además, le pedía que le llevara una bebida alcohólica como regalo.
El acusado fue detenido en febrero de este año en la zona oeste de la ciudad de Salta, y la sentencia fue dictada por la jueza Ada Guillermina Zunino, del Juzgado de Garantías 5 del Distrito Centro. Se le impuso, además, la prohibición de mantener contacto con la víctima y su familia, así como la inhabilitación para ejercer la docencia por el tiempo que dure la condena.
Los docentes que hubieren sido condenados por delitos dolosos mediante sentencia firme, y más aún aquellos que tengan condena o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual, en los que hubieran sido imputados, serán excluidos de las titularizaciones. Así lo había resuelto la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, en enero pasado.
Otro caso de abuso sexual dentro del ámbito escolar terminó con una condena reciente en el norte provincial. Un profesor de música de 38 años, quien trabajaba en una escuela de la localidad de Los Blancos, fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual simple agravado por su rol de educador.
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2023 dentro del establecimiento educativo, cuando el docente llevó a una niña a un rincón apartado y le bajó los pantalones para tocar sus partes íntimas. La jueza Azucena Vázquez, de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Tartagal, fue quien dictó la condena, además de imponerle medidas de conducta estrictas, como la obligación de someterse al control del Patronato de Liberados y la extracción de su material genético para su inclusión en el Banco de Datos Genéticos.
Otro caso grave ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un docente fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple en cuatro hechos distintos, en concurso real y agravado por su rol como encargado de la educación de la víctima.
Este hombre había sido denunciado por la madre de una niña de 12 años, quien relató que durante los recreos el docente se le aproximaba y la sometía a tocamientos. La conducta abusiva se repitió en al menos cuatro ocasiones, afectando emocionalmente a la víctima.
El testimonio de la menor, brindado a través de Cámara Gesell y un informe psicológico, reveló que la víctima presentaba altos niveles de ansiedad y angustia, asociados a un conflicto en su esfera sexual derivado de las experiencias traumáticas vividas.
En General Mosconi, un docente fue condenado a siete años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente. Había sido denunciado en marzo de 2019 por la madre de la víctima, quien relató que el abuso ocurrió en enero de 2018. Su hija había acudido a la casa del docente, a quien conocía de la escuela, y él la hizo ingresar mediante engaños para luego abusar de ella en contra de su voluntad.
La adolescente pudo contar lo sucedido tiempo después, y su madre radicó la denuncia. La Sala 2 del Tribunal de Juicio de Tartagal dictó la condena y dispuso que el sentenciado permanezca privado de su libertad bajo la modalidad domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
Medidas y debates en el ámbito educativo
La cantidad de docentes involucrados en delitos contra la integridad sexual de estudiantes ha generado un fuerte debate en el ámbito educativo y ha impulsado encuentros entre Educación y el Ministerio Público y la implementación de medidas tanto administrativas como judiciales para evitar que estos casos se repitan.
La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, se reunió con el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, el jueves pasado. El encuentro se realizó en la Procuración General.
En este marco, y teniendo en cuenta los casos de docentes condenados por delitos de abuso sexual que quieren reingresar al sistema, analizaron la aplicación del artículo 20 BIS del Código Penal que luego de una modificación del año 2015 establece la inhabilitación especial perpetua cuando el autor hace valer su empleo, cargo, profesión o derecho en la comisión del delito.
Fiore Viñuales tambien se reunió con la fiscal penal especializada en Ciberdelitos, Sofía Cornejo, ante las reiteradas denuncias que ameritaron la intervención de la Fiscalía y que tenían como común denominador a los docentes. Reflexionaron, además, en la importancia del buen uso de la tecnología que debe ser una herramienta útil para el aprendizaje y no el vehículo idóneo que facilite la comisión de los delitos, tras lo cual acordaron trabajar en conjunto con la finalidad que internet y las nuevas tecnologías, sean un "espacio seguro" para los alumnos.
Durante las reuniones se destacó la importancia de articular esfuerzos entre los sectores para prevenir el delito, garantizar entornos libres de violencia y propiciar medidas que refuercen el control, en procura de la protección de los estudiantes en el ámbito educativo, tales como la implementación de normas e instrucciones generales que fortalezcan las precauciones necesarias para la seguridad de estos espacios, donde se forma y desarrolla la infancia.
