La ministra de Seguridad Patricia Bullrich le aplicó la “Restricción de Concurrencia Administrativa” para eventos deportivos en el país a 26 de las 114 personas que fueron detenidas durante la última marcha de jubilados al Congreso. Este nuevo avance autoritario se produce horas después del anuncio de una "Ley Antibarras" y el pedido por parte de la funcionaria a los clubes del fútbol argentino de echar a los socios que participaron de la protesta. La medida, establecida a través de la resolución 343/2025, regirá por tiempo indeterminado.
Este nuevo ataque del Gobierno de Javier Milei se basó en la modificación que Bullrich realizó sobre el derecho de admisión hace poco más de una semana (antes de la marcha del pasado miércoles), la cual restringe el acceso a toda persona que haya "tenido conductas violentas contra las personas o las cosas o que afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público, ya sea de manera individual o en el marco de una manifestación o congregación en la vía pública o en lugares abiertos al público en general, con o sin desplazamiento, cualquiera sea su naturaleza".
La resolución justifica las medidas tomadas a partir "de los episodios de violencia de público y notorio conocimiento, protagonizados por grupos de personas identificadas en su mayoría con divisas deportivas de clubes de fútbol, en la Plaza del Congreso y sus adyacencias, el 12 de marzo del corriente año". A su vez, defiende el violento accionar de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya intervención calificó como "pertinente".
Además, el documento publicado este lunes en el Boletín Oficial añade que 13 de las 26 personas afectadas por las medidas "poseen antecedentes penales, pedidos de captura activos y otros impedimentos de ingreso a espectáculos futbolísticos".
MÁS INFO
Los detalles de la represión más brutal desde 2001
La represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes fue definida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su despliegue y consecuencias, como “la más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. Este viernes se multiplicaron las denuncias penales contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el feroz operativo.
Según las presentaciones judiciales, el procedimiento conjunto de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad, que comenzó a reprimir antes del horario formal del comienzo de la movilización:
- Dejó un saldo de 672 heridos, según precisó la CPM. Entre ellos se encuentran los casos Pablo Grillo, el joven fotógrafo con impacto de una granada de gas en la cabeza que lucha por su vida; de Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos.
- Tuvo 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas. La inmensa mayoría de esas aprehensiones -sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que comienzan a conocerse y que están siendo relevados por quienes investigan la violencia institucional.
MÁS INFO
- Contó con más de mil agentes, que realizaron “miles de disparos con postas de goma”, “arrojaron centenas de granadas de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta” y utilizaron al menos 4 camiones hidrantes con los que “rociaron de agua a cientos de personas”, de acuerdo a un relevamiento realizado por la CPM.
- Hubo agentes que portaban armas letales. Bullrich habilitó que las fuerzas federales puedan tener portación de ese tipo de armas pero que las lleven a una protesta social implica un riesgo muy alto para los manifestantes.
Cerrar sesión