DEME, una de las compañías de dragado más grandes del mundo, expresó este lunes su "sorpresa y preocupación por el notorio direccionamiento del pliego de licitación internacional lanzado por el Gobierno argentino" para el mantenimiento, modernización y ampliación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay-Paraná). "Estas irregularidades, que DEME ha denunciado ante la Justicia local en un expediente que se encuentra actualmente en trámite, afectan la libre competencia y significarán sobrecostos innecesarios a productores y exportadores argentinos, de no revisarse el proceso", advirtió la compañía en un comunicado.
La compañía calcula que el "perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final". Sostuvo que a partir de esto "el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación. Así, al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos que se detallan a continuación por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual- quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso"
La empresa también cuestionó que "el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria".
El directivo dijo que "se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción". Criticó también "la forma en que se evalúan los antecedentes financieros favorece a la empresa actual, ya que el sistema de puntaje minimiza la puntuación de nuevas empresas y maximiza la de la empresa que ya opera. Además de una garantía por 10 millones de dólares en caso de impugnación".
"El pliego excluye trabajos de dragado de relleno y refulado, que son comunes y relevantes en este tipo de proyectos, lo cual limita la puntuación de competidores y favorece al operador actual", cuestionó DEME. Criticó, además, que "el pliego exige experiencia en Argentina, lo cual puede limitar las opciones de competidores internacionales que tienen experiencia relevante pero no específicamente en este país".
"El cuestionado pliego ha sido realizado por los mismos equipos que el propio Gobierno nacional ha decidido suprimir por razones de corrupción, manteniendo de todas formas la Comisión Evaluadora, cuyos titulares son Ariel Romero Cherubini, Francisco Mansanta y Cristián Luis Rigueiro", dijo la empresa en el comunicado. Y recordó que "estos hechos fueron señalados además por entidades del agro, del comercio y de la logística portuaria y es en función de ellos que DEME está llevando adelante la impugnación del pliego".
"El vigente proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal conlleva un aumento significativo de los costos de exportación de los productos producidos en el país y, a su vez, de los que Argentina importa", dijo la empresa. El comunicado considera que "se trata, a todas luces, de un sinsentido que las autoridades a cargo del proceso todavía están a tiempo de corregir en beneficio de la transparencia y la economía de todos los argentinos"
Historia de aguas turbias
La concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná le genera a la Argentina un perjuicio directo de 10.000 millones de dólares anuales, sin contar las pérdidas a las arcas públicas por la evasión y el contrabando no controlado por las empresas extranjeras que administran los puertos y barcos que navegan en aguas nacionales.
El país tenía una navegabilidad de sus ríos interiores sometida a las leyes argentinas hasta los noventa. Tras la privatización y las dos medidas de Mauricio Macri, que cedieron al puerto de Montevideo el punto de salida al mundo de todas las exportaciones que circulan por estos canales (Argentina, Brasil y Paraguay), el país dejó de controlar lo que sucede, no sólo en los ríos argentinos sino en todo el Atlántico Sur.
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Desde distintos sectores productivos reclaman que se reafirmen los derechos argentinos y se garantice que las exportaciones por el Paraná desemboquen en el canal Magdalena bajo control nacional, con salida directa al Atlántico, reduciendo peajes al no desviarse a Montevideo. Es mucho peor la legalidad que nos han impuesto en el río Paraná que la ilegalidad que están denunciando. Si todo el daño fuese la ilegalidad, con solo controlarlo se resolvería el problema.
La historia empieza con la palabra Hidrovía, un sujeto económico inexistente. Ni siquiera es una palabra castellana, que borra las reales, como río Paraná, río Uruguay o río de La Plata; sujetos geográficos con valor simbólico real. Fue un paso inteligente para apropiarse de la situación.
Las denuncias sobre irregularidades en los embarques son solo la punta del iceberg. De tal manera, no solo se daña al país por la ilegalidad que pueda haber en la exportación irregular que se hace desde la Argentina y eventualmente pueda triangularse -el caso Vicentin es el ejemplo más claro-, con barcazas paraguayas. Pero eso seguiría siendo una faceta de la producción argentina.
El hecho de que las exportadoras trasnacionales hayan pasado a dominar el rio Paraná a través de Montevideo y Nueva Palmira les permite bajar producción por ríos internos argentinos desde Brasil y Paraguay sin pasar por puertos argentinos. Estas exportadoras no solo tienen puertos en Argentina y no solo portan soja argentina, tienen puertos en Brasil, en Paraguay y Uruguay y venden la oleaginosa de esos países sin pagar peajes ni servicios en el país.
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