Por Daniel Chocobar y Nelson Colque.
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Por Daniel Chocobar y Nelson Colque.
El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada (UxP) respondió mediante un escrito a la audiencia de imputación que le efectuara la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, quien lo acusó por intimidación pública y peculado. En medio de la polémica sobre la causa y sus competencias y los fueros parlamentarios, Estrada habló con El Tribuno.
A usted lo acusan de intimidación pública utilizando recursos del Estado ¿Qué tiene para decir al respecto?
Intimidación pública en el Código Penal es convocar gente para tomar edificios públicos, incitar a personas indeterminadas al desorden, o cosas como esas. Yo lo que hice en mi rol de legislador nacional fue denunciar vínculos de funcionarios del Gobierno provincial con el narcotráfico. Considerar que eso es intimidación pública es incorrecto porque el art. 68 de la Constitución Nacional en forma imperativa dispone que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. La fiscalía considera que esas denuncias que yo hice atemorizan a la población. Yo considero que la población se atemoriza porque en vez de investigar lo que yo denuncié, investigan al denunciante. Es el mundo del revés. Mal utilizar recursos del Estado sería, por ejemplo, encargar la compra de un canal de televisión, echar de allí a todos los programas opositores al Gobierno y luego atosigarlo de pauta publicitaria del Estado para con ello pagar la compra de ese medio de comunicación. Yo tenía programa propio en Canal 10, donde ejercía mi función comunicadora como economista y me censuraron apenas se compró el canal. Las redes sociales salteñas tienen varias publicaciones sobre este tema, ¿usted conoce que alguna fiscalía haya iniciado alguna investigación sobre esta "notita criminis"?
¿Los otros tres coimputados en la causa de intimidación pública, trabajan para usted?
Hablar de esta maniobra del gobernador Sáenz en los detalles que ellos proponen es darle entidad a algo que no existe. Esta causa es un absurdo. En el escrito la Fiscalía no aporta una sola prueba de ninguna noticia falsa. El que está dilapidando recursos del estado es el gobernador; y el procurador, que conduce un órgano que debiera ser un poder independiente; es el responsable de dar cabida y entidad jurídica a los casos que le llegan y no gastar los impuestos de los contribuyentes en causas que él sabe están destinadas a persecuciones políticas. Fingir una licitación para el voto electrónico, donde siempre se presenta la misma empresa, sistema que no contrata más nadie que Salta, ¿no nos parece que esto sí es utilizar recursos del estado para amañar las elecciones? ¿No es raro que con este sistema siempre gane quién lo contrata? ¿Vamos a gastar 15 mil millones para sostener el negocio de unos pocos, que ningún beneficio trae a los salteños?
Pero, usted formó parte del gobierno que justamente instauró el voto electrónico en Salta...
Yo entré al Ejecutivo provincial en diciembre de 2017. Y me fui en agosto del 2019, es decir que no llegué ni siquiera a vivir una elección siendo funcionario, con lo cual no me siento parte de esa política pública.
Uno de los coimputados aseguró en su declaración que recibía instrucciones directas de su parte para elaborar contenidos para redes sociales...
Hoy reclamé por escrito a la fiscal Sofía Cornejo que incorpore al expediente todo lo que ella misma dijo falta incorporar; y luego de ello le dé acceso y copia a mi defensa. El primero de octubre pasado plantee una Cuestión de Privilegio en la Cámara de Diputados de la Nación contra el gobernador Sáenz a causa de los ataques en redes sociales que estábamos sufriendo legisladores nacionales, medios de comunicación y otros ciudadanos salteños por el solo hecho de exponer públicamente lo que todos vemos que está pasando en Salta: la proliferación de casos de narcotráfico y sicariato. Jueces e intendentes, sumados a funcionarios involucrados en tiroteos, asesinatos, pases libres por rutas con autos con drogas y otros ejemplos más, que usted como periodista seguro escuchó igual que todos. Bueno, desde ese día, el Grand Bourg inició el plan de hostigamiento diseñado contra todo aquél, periodista o legislador, que se atreva a hablar mal del Emperador Sáenz. El pasado 10 de diciembre, la legislatura salteña aprueba, con tratamiento exprés, la Ley 8.485 que pretende silenciar a los legisladores. Es más, recientemente salió la reglamentación de esa Ley que permite la intercepción de correspondencia o comunicaciones electrónicas, pisoteando nuevamente la Constitución Nacional. A los pocos días siguientes, arman todo este sainete del que estamos hablando por estos días: ¿No le parece mucha casualidad?
¿Está plenamente de acuerdo con los contenidos que se publicaban en Tik Tok?
Al haber una causa penal de por medio, no puedo contestar esa pregunta en forma genérica, tendría que ver cada contenido de que se trate. La fiscalía no nos permitió el acceso todavía a cuáles serían los videos en base a los cuales realizó las imputaciones. Estoy plenamente de acuerdo con la libertad de expresión. Los medios contemporáneos de comunicación tomaron fuerza justamente porque los medios tradicionales sufren el torniquete de la censura del Estado. La prensa salteña y los legisladores nacionales y provinciales, los que solo contamos con nuestra voz y letra para comunicar lo que sabemos, hoy debemos expresar claramente nuestro total rechazo a cualquier ley y decreto reglamentario que dote al Poder Judicial de atribuciones que la Constitución le prohíbe manifiestamente como base primordial para la existencia de la República.
Se plantea un debate sobre la competencia provincial y federal de la causa al respecto del uso de redes sociales y sus fueros como legislador nacional ¿Pedirá que la causa pase a la Justicia federal?
Del contenido de lo que dijo la fiscal en sus declaraciones mediáticas y lo que dice el decreto de imputación que me notificaron, claramente existen comprometidos en el caso intereses federales que activaban la obligación de remitir la causa de inmediato a la Justicia federal. No sé por qué no lo hicieron de oficio. No tendría que hacer falta que lo pida yo. Debió ser el procurador general de la Provincia quien le comente al gobernador que lo que él pretende no tiene asidero. De no ser así, estemos advertidos de que los que conducen el Ministerio Público Fiscal carecen de la idoneidad y personalidad necesaria para hacer cumplir la Constitución y poner a cada Poder en su lugar.
Insisto: esta causa que yo digo que no es de fake news sino de fake delito, que genera un relato tratando de equiparar a un diputado nacional con un terrorista o con un golpista, es un absurdo. Marcar desaciertos de un gobernador o pedir que la Justicia dé respuestas a las decenas de "notitia criminis" que todos conocemos, bajo ningún aspecto puede intimidar a nadie; solo a Sáenz que ve cómo los salteños van animándose a hablar, porque no quieren una provincia dominada por narcotráfico.
¿Pedirá la recusación de la fiscal de Ciberdelitos?
No. Que yo considere que la causa es nula, que la fiscal no es competente materialmente o que no hay delito alguno, no significa que para mí exista una animadversión, ni una enemistad manifiesta de ella para conmigo. De hecho, no la conozco. Confío siempre en que la Justicia será objetiva y aplicará la Constitución Nacional por encima de los mezquinos y frívolos intereses de los políticos de turno. Antes voy a dar la oportunidad de que ese sector del Poder Judicial salteño dé muestras de que es independiente. Esta causa armada no tiene otro destino que su desecho.
Todo el oficialismo ya habla de que van por un tercer mandato, es decir, van a manosear la Constitución Provincial para que permita lo que Sáenz aseguró que nunca más iba a ocurrir: que un gobernador dure más de 8 años en su mandato. Para lograr esto, no solo necesitan callarlo a Estrada, sino que también requieren de la complicidad de un sector de la Justicia salteña. Estemos atentos, pronto veremos si los manejos del Grand Bourg conducen a sectores del Poder Judicial.
¿Le llama la atención que no hubo pronunciamiento oficial partidario de los sectores que conforman Unión por la Patria?
Una extensa solicitada publicada en este diario y en otros medios de comunicación fue la primera expresión política expresada públicamente por un sector importante de la política salteña, que no solo incluye a los sectores que usted manifiesta; expresando el total rechazo a lo actuado por la Procuración y denunciando el avasallamiento de la Constitución nacional y provincial. Lo mismo ocurrió con el bloque legislativo mayoritario de la Cámara de Diputados de la Nación. Es más, estamos aguardando el inicio del debate legislativo para ampliar y dar a conocer las barbaridades que ocurren en esta provincia.
